Menos de 1 de cada 6 jóvenes tiene un empleo formal

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Comenzando con Menos de 1 de cada 6 jóvenes tiene un empleo formal

 
 Ante el persistente drenaje de reservas las autoridades anunciaron una nueva política cambiaria. Así como ello, se dispuso la instrumentación del programa Prosperar con la meta de mitigar la marginalidad que padecen millones de jóvenes. Se prosigue sin tomar conciencia de que la escapada del dólar refleja el exceso de gasto público muy mal administrado y que, en consecuencia, no va a haber solución sin una profunda transformación del campo público. Mas más grave todavía es inducir a miles y miles de jóvenes, en el comienzo de su vida productiva, a la dependencia del asistencialismo.
 
Las autoridades anunciaron una nueva política cambiaria. Alén de la fuerte depreciación del peso, lo más esencial es que no se hizo ninguna referencia a medidas tendientes a contener la expansión del gasto público y a progresar la calidad de su administración. Muy por contra, así como las disposiciones que disponen un relajamiento parcial del “cepo” cambiario, se anunció un nuevo incremento de gasto público a través del Prosperar.
 
 
El propósito declarado de esta iniciativa es agredir el inconveniente de los “ni–ni”, o sea, jóvenes que no trabajan ni estudian. El Prosperar aspira a fomentar el estudio de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad que no trabajen, o bien que lo hagan con retribuciones inferiores al sueldo mínimo legal ($3.600), por medio de un estipendio promedio mensual de $600. Para esto van a deber probar que cursan estudios en una corporación reconocida por el Ministerio de Educación o bien por el Ministerio de Trabajo. Se centrará en los hogares pobres al establecerse que los ingresos de los progenitores tampoco superen los $3.600 mensuales.
 
Conforme las encuestas de hogares del INDEC, en el país hay aproximadamente cuatro con cinco millones de jóvenes urbanos que tienen entre 18 y 24 años de edad. Sus primordiales peculiaridades son las siguientes:

  • El 15% tiene empleo asalariado registrado con un sueldo salvaje estimado en $6.200.
  • El 30% tiene un trabajo precario (asalariado “en negro”, cuentapropista, servicio familiar o bien familiar sin sueldo) con retribuciones en el orden de los $1.850.
  • El 55% no trabaja de los que un 23% tampoco estudia y un 32% prosigue estudiando.

Estos datos oficiales muestran que más o menos la mitad de los jóvenes se halla en situación de vulnerabilidad, así sea pues tienen un empleo de baja calidad o bien pues declaran no trabajar ni estudiar. En contraposición, menos de 1 de cada seis jóvenes tiene un empleo asalariado formal. Bajo estas condiciones, tan o bien más esencial y urgente que inducir el retorno a los estudios es fomentar la generación de ocasiones de empleo de calidad para los jóvenes de entre 18 y 24 años.
 
Una de las debilidades del Prosperar es no contemplar esta necesidad. Este rasgo negativo se potencia por el hecho de que el control de la asistencia escolar se va a hacer de exactamente la misma manera que la Asignación Universal por Hijo (AUH). O sea, aplicando el mecanismo rústico y obsoleto de demandar la periódica presentación frente a las oficinas de la ANSES de un certificado escolar firmado por la autoridad de la escuela o bien oficina de formación. Este instrumento es muy burocrático y permeable al fraude al punto tal que forma el primordial factor que explica que la AUH opere, en la práctica, como una pura trasferencia asistencialista. Aplicado a jóvenes que se hallan en el comienzo de su vida productiva resulta un riesgo social. El Prosperar, más que alentar el avance en los estudios, añadirá incentivos a no buscar un empleo formal transformándose en un factor de promoción de la dependencia de forma perpetua del asistencialismo estatal.  
 
El inconveniente de los “ni–ni” es grave y merece ser atendido con emergencia. Que no haya más espacio para acrecentar el gasto público no justifica retardar las acciones para resolverlo. Al contrario, aumenta la pertinencia de reducir el dispendio de fondos públicos y ser más creativo y pertinente en el diseño de las estrategias. En vez de la arriesgada masificación del asistencialismo, el ahínco del Estado debería centrarse en reducir las trabas burocráticas y los costos impositivos que desaniman la contratación de jóvenes. De este modo, se puede conseguir un mercado de trabajo juvenil más activo que de forma automática fortalecerá la eficiencia de las acciones educativas y de capacitación para el trabajo.
 Inducir a los jóvenes, en el instante de su ingreso a la vida productiva, a depender del asistencialismo es un fallo estratégico cuyas implicancias negativas son bastante difíciles de dimensionar. Que oficialismo y oposición acuerden en esta alternativa, sea por oportunismo y/o falta de ideas, es considerablemente más alarmante que las improvisaciones que vienen cometiendo las autoridades en sus intentos por supervisar la escapada del dólar. 
 

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