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Comenzando con Se gasta más en Aerolíneas que en educacion básica
Ante la inestabilidad del dólar, las autoridades anunciaron la pretensión de comprobar los subsidios económicos. Aparte de tardía, la iniciativa está planteada como una amenaza a quienes pretenden resguardar sus ahorros comprando dólares estadounidenses en vez de una política equitativa y racional en la asignación de fondos públicos. La regla general habría de ser que las tarifas sean acordes a los costos de los servicios públicos. Paralelamente, instrumentar una tarifa social a fin de que todos y cada uno de los hogares pobres –no solo los que viven en Buenos Aires– sean los únicos subsidiados.
Las cuentas del ámbito público nacional muestran para el año 2013 un déficit del orden de los $64 mil millones. Esto representa más o menos un dos,3% del PBI. Si además de esto se estima que en el curso del año se trasfirieron al Tesoro $36 mil millones del Banco Central y $24 mil millones del sistema de seguridad social, el desequilibrio total asciende a $125 mil millones; más o menos cuatro,5% del PBI.
Este desequilibrio es una de las primordiales causas de la inflación la que, por su parte, es la que produce las tensiones sobre el dólar. De ahí que, la cuestión central es reducir el déficit fiscal. Lo demás, discusiones sobre desdoblamiento cambiario, pactos de costos o bien la demonización de empresarios son temas banales. Aunque los despilfarros abundan en el ámbito público, un rubro esencial son los subsidios económicos que, a noviembre del 2013, ya amontonaban $110 mil millones, esto es un volumen equivalente al déficit fiscal.
El nivel de irracionalidad que se ha alcanzado con los subsidios económicos puede ilustrarse con el caso de Compañías aéreas Argentinas. A noviembre del año 2013, esta empresa pública recibió del Tesoro $3.120 millones. Como referencia, conforme los presupuestos provinciales del año 2014 de ciertas provincias más pobres del país se observa que:
- La provincia de Formosa proyecta invertir en educación pública $2.589 millones.
- La provincia de Jujuy prevé invertir en educación pública $3.806 millones.
- En Santiago del Estero se proyecta invertir en educación $4.137 millones.
Estos datos muestran que se gasta en subsidios para una compañía pública cifras equivalentes a lo que se asigna para educación primaria, secundaria, terciaria y cultura en ciertas provincias más pobres del país. No hace falta un análisis profundo para probar que la rentabilidad social de invertir en educación es substancialmente más alta que cubrir los déficits de Compañías aéreas Argentinas. Asegurar cobertura y calidad en los servicios aéreos es una meta esencial que se puede lograr sin subsidios. Es suficiente con buenas regulaciones promotoras de la entrada de empresas privadas y la competencia. En cambio, dar la ocasión a pequeños y jóvenes de las provincias más pobres del país a una educación pública de calidad es una meta estratégico que solo el Estado puede financiar.
El diagnóstico de las autoridades de que es preciso comprobar los subsidios es adecuado. Mas planteado como una penalización a quienes adquieren dólares estadounidenses es desatinado y destinado al fracaso. Resulta operativamente muy complicado reducir el subsidio a los servicios de electricidad, gas y agua a las residencias donde el titular es detectado como comprador de dólares estadounidenses. Además de esto se cometerán muchas injusticias debido a que quienes adquieren dólares estadounidenses no siempre y en todo momento tienen los servicios a su nombre o bien, peor todavía, tienen a su nombre servicios de domicilios que ya no habitan. En igual sentido, es imposible hacerlo a quienes emplean trenes y colectivos. En el caso de ciertas empresas públicas, como Compañías aéreas Argentinas, el subsidio no es apropiado por los usuarios sino más bien por empleados y contratistas que en la confusión de ineficiencias y falta de trasparencia consiguen prebendas.
En vez de malgastar sacrificios estériles buscando a los que adquieren dólares estadounidenses, considerablemente más conducente sería identificar a quienes calificarían para una tarifa social. Así, todas y cada una de las personas con reducidos ingresos (y no solo las que viven en la ciudad de Buenos Aires) tendrían la posibilidad de acceder a servicios públicos subsidiados con una tarifa social. El resto de la población, debería abonar un nivel de tarifa que deje cubrir los costos operativos y las inversiones que hagan sostenible un buen servicio.
Esta es la manera de dar racionalidad económica a la provisión de servicios públicos y corregir las graves desigualdades sociales y geográficas que generan los subsidios indiscriminados. Además de esto, suprimiendo el déficit fiscal van a dejar de ser inconvenientes la inflación y el dólar. De esta forma, la población no deberá proseguir perdiendo el tiempo en la labor de “vigilar” los costos o bien localizar la manera de resguardar sus ahorros comprando dólares estadounidenses.
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