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Comenzando con El consumo público crece a razón de 30% por año
Los cortes en el suministro eléctrico, la inflación y la pérdida de reservas son manifestaciones de profundos desequilibrios macroeconómicos. Ni la crisis energética se resolverá aplicando multas a las compañías eléctricas, ni la inflación se detendrá anunciando pactos de costos, ni se recobrarán reservas desanimando los viajes al exterior. El paso esencial es restituir el equilibrio macroeconómico deteniendo el exacerbado desarrollo del consumo público dirigido por los subsidios económicos y el uso público redundante.
La ola de calor amainó y la actividad económica redujo –por asuetos, feriados y vacaciones– mas el servicio eléctrico prosigue sin normalizarse. Mientras la inflación prosigue en niveles elevados y crecientes, y la suba del dólar paralelo no se detiene. En frente de esta profundización de viejos inconvenientes, el diagnóstico oficial no cambia. Frente a la grave crisis energética, se anuncian multas a las compañías distribuidoras y amenazas de estatización. Frente a la elevada inflación, se anuncian pactos de costos. Frente a la pérdida de reservas, se aúnan nuevas trabas a las compras en el exterior.
Una visión opción alternativa es estimar estos inconvenientes como manifestaciones de severos desajustes macroeconómicos. En específico, advertir que el desarrollo de la demanda agregada (la suma del consumo público, consumo privado, inversiones y exportaciones) es inconsistente con la evolución de la oferta agregada (integrada por el total de recursos y servicios producidos en el país –el PBI– más las importaciones).
Conforme información oficial del Ministerio del Economía, la demanda agregada medró entre los años 2007 y 2013 a razón de 22,3% anual, por encima del seis,2% promedio anual que aumentó la oferta agregada. Este desarrollo de la demanda agregada se descompone de la próxima manera:
- Las exportaciones medraron al 18,1% y las inversiones al 21,8% promedio anual.
- El consumo privado de las familias medró al 22,2% al año.
- El consumo del Estado medró a razón de 29,3% al año.
Estos datos muestran que el desarrollo en la demanda agregada en los últimos seis años está dirigido por el consumo público, cuya expansión se acerca al 30% anual. En la visión oficial, este fenómeno tiene una connotación positiva pues se lo plantea como una estrategia de tipo keynesiana, en el sentido de que la aceleración en la expansión del gasto público estimula la producción. Salvando las distancias se lo asimila a las políticas de estímulo que viene practicando en los últimos tiempos los Estados Unidos.
El fallo de diagnóstico es que las estrategias de tipo keynesianas tienen lógica en un contexto de elevada capacidad ociosa (alto desempleo, exceso de inversión). Bajo estas particulares condiciones (que se dieron en Estados Unidos después de la crisis del 2008 y en la Argentina con la crisis del 2002) resulta pertinente alentar la demanda tratando de conseguir un mejor aprovechamiento de la capacidad productiva libre. Mas superada la instancia de crisis, sostener la expansión del gasto público horriblemente genera inflación. Más grave incluso es que el desarrollo mareante del consumo público se hace a costa de sacrificar inversiones (como las que se precisan para eludir los cortes en el suministro eléctrico) y del deterioro en la capacidad exportadora (lo que explica la paradoja de que haya pérdidas de reserva cuando los costos internacionales prosiguen siendo inéditamente altos).
Resulta indispensable corregir el exceso de consumo interno dirigido por el ámbito público. Las manifestaciones de los profundos desequilibrios macroeconómicos de este modo lo prueban. Si bien esto tenga, en la oratoria política, las connotaciones negativas de un “ajuste”, considerablemente más costoso desde el punto de vista social es proseguir apostando a superar el colapso energético vía multas a las compañías o bien aspirar a morigerar la inflación firmando pactos de costos, o bien pretender detener la caída de reservas desanimando los viajes al exterior. Estas medidas y otras de afines peculiaridades son, en el mejor caso, mero voluntarismo.
El “ajuste”, entendido como la corrección de los desequilibrios generados por la expansión de los subsidios económicos y el uso público redundante, es ineludible. Sólo queda por delimitar de qué manera y en qué momento se lo aplica. Si se lo hace de forma veloz y profesional, no sería socialmente muy costoso y podría ser la ocasión para producir una ruta de progreso sostenido. Mas si se prosigue retardando con planteos evasivos y alegatos hipócritas, los costos sociales, como ocurrió en experiencias pasadas, van a ser enormes.
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