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Comenzando con Jubilaciones, moratorias y fondos buitre
La irritación contra los fondos “buitres” obnubila el análisis y hace perder de vista que muchas resoluciones internas producen compromisos fiscales más bastante difíciles de cumplir que los fallos de la justicia de Estados Unidos. Un caso específico son las moratorias previsionales. Las obligaciones asumidas con estas jubilaciones sin aportes implican un enorme incremento de la deuda pública. La mayoría de estos recursos quedan a cargo de gestores, burocracia estatal y, en especial, gente de la tercera edad de hogares de ingresos medios y altos.
El Senado de la Nación aprobó unánimemente una nueva moratoria previsional. Por este mecanismo gente que no efectuó aportes a la seguridad social a lo largo de su vida activa accede a una jubilación en exactamente las mismas condiciones que una persona que aportó a lo largo de 30 o bien más años. Con las primeras moratorias del año 2005, se distribuyeron más de dos con seis millones de jubilaciones sin aportes. Cuando se aplique la nueva regla, que probablemente la Cámara de Miembros del Congreso de los Diputados aprobará, el sistema previsional argentino va a haber asumido compromisos de pago por más de tres millones de jubilaciones sin aportes.
La jubilación tiene peculiaridades muy, muy diferentes al resto de los programas asistenciales. Por una parte, pues se acepta un compromiso hasta el momento en que la persona muera y se agote el derecho a una ocasional pensión en favor de un familiar. Por el otro, pues el monto de la prestación se actualiza de forma automática con la inflación merced a la movilidad previsional. De ahí que, alén de que la contabilidad pública no las registre como tal, las jubilaciones sin aportes de las moratorias son parte del endeudamiento del Estado.
Considerando el perfil demográfico de las personas que acceden a las moratorias y el monto del haber que dan, se puede apreciar que:
- Cada jubilación concedida con la moratoria implica un compromiso de pago futuro de posibilidades por un importe no menor a los O bien$S 30 mil.
- Por lo tanto, los más de 3 millones de jubilaciones sin aportes significan un compromiso fiscal superior a los U dólares americanosS 90 mil millones de dólares estadounidenses.
- De esta manera, la deuda pública generada con las moratorias equivale a más o menos el 19% del PBI.
Estos datos brotan de estimaciones muy aproximadas, mas alcanzan para enseñar la gran masa de fondos públicos comprometidos con las moratorias. La deuda pública total registrada hoy día asciende a 213 mil millones de dólares estadounidenses (incluyendo la deuda defaulteada que no entró a los canjes, de los que una parte corresponde a los fondos “buitres”). Esto equivalente al 44% del PBI. Si se contabilizase la deuda no registrada de las moratorias, el endeudamiento del ámbito público nacional aumentaría al 63% del PBI.
La dimensión de la deuda pública contraída con las moratorias eclipsa la deuda con los fondos “buitres”. Esto no significa disminuir al mínimo los impactos muy negativos que se derivan del manejo poco profesional de la deuda externa. Mas pone de manifiesto lo equivocado de la visión –ampliamente compartida– de que un veloz arreglo con los fondos “buitres” es positivo pues abre la ocasión de tomar nueva deuda en los mercados internacionales a fines de financiar el déficit fiscal. El razonamiento de que la Argentina tiene un bajo nivel de endeudamiento es equivocado. Si se consideran las deudas no registradas, en las que destacan las previsionales, se llega a que la deuda pública es superior a la que había en el año 2001, cuando se decidió ir al default (54%).
Las moratorias generan daños y compromisos a futuro mayores que los fallos del juez Griesa. Distribuir de forma indiscriminada jubilaciones sin aportes es un mecanismo exageradamente tosco que no soluciona el inconveniente de la baja cobertura previsional. Aporta apenas un paliativo transitorio (prueba de ello es que el Congreso trata una nueva ley), parcial (con la primer moratoria muchos adultos mayores pobres no accedieron a una jubilación) y fomenta un enorme despilfarro de recursos públicos (la mayoría del gasto favorece a la burocracia, los gestores y a gente de clase media y alta).
El inconveniente de fondo de la baja cobertura previsional es la alta informalidad y la inactividad laboral. De ahí que, la prioridad es fomentar la creación masiva de trabajos de calidad, para lo que es indispensable convertir las instituciones laborales y tributarias, quitar los incentivos a no trabajar “en blanco” que producen los programas asistenciales (incluyendo las moratorias) y fomentar una política fiscal más responsable. Hasta el momento en que estas políticas se instrumenten, un programa de pensiones no contributivas centrado podría solucionar la carencia de cobertura social para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad, con compromisos fiscales inferiores a los generados con las moratorias previsionales.
Informe 555 IDESA
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