La voracidad del gasto público en la Argentina

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Comenzando con La voracidad del gasto público en la Argentina

Repetir incumplimientos internacionalmente es muy negativo, mas considerablemente más definitivo sobre la calidad de vida de la gente es el descomunal desarrollo del gasto público con muy, muy baja calidad de los servicios que el Estado brinda. De ahí que, de manera involuntaria el juez Griesa está favoreciendo a los ciudadanos argentinos al ponerle límites al incremento del gasto público. El fallo desfavorable con los fondos “buitres” es simple de solucionar. Considerablemente más bastante difícil es mejorar la calidad del Estado
 
La situación frente a la comunidad financiera internacional se prosigue deteriorando. Esto motiva intensas polémicas. Desde exaltar el nacionalismo, a apuntar la impericia del gobierno para manejar un inconveniente parcialmente simple de solucionar. Cualquiera sea el posicionamiento, el resultado es que un sinnúmero de energías están abocadas en el tema de los fondos “buitres” y en predecir sus consecuencias. 
 
La contracara de esta situación es la poca atención a los inconvenientes internos. Uno exageradamente esencial es la activa que viene mostrando el gasto público. Diferentes factores explican que el tamaño del Estado aumente en casi todo el planeta. En los países desarrollados, generalmente, prevalece el impacto del envejecimiento poblacional en la seguridad social, al paso que en los de desarrollo medio (donde se sitúan los países sudamericanos) hay que dar contestación a necesidades sociales postergadas. 
 Mas el comportamiento de la Argentina no encuadra en ninguna de estas tendencias. Prueba de ello es que conforme el Monitor Fiscal 2014 del FMI (Fondo Monetario Internacional) se observa que entre los años 2006 y 2013: 

  • El gasto público total en los países avanzados pasó de 39% a 42% del PBI, es decir se acrecentó en tres puntos porcentuales del PBI. 
  • El gasto público total de los países de Latinoamérica pasó de 30% a 35% del PBI, es decir se acrecentó en cinco puntos porcentuales del PBI. 
  • El gasto público total (nación, provincias y ayuntamientos) de Argentina pasó de 31% a 46% del PBI, es decir se acrecentó en 15 puntos porcentuales del PBI. 

 
 Estos datos, basados en fuentes oficiales, muestran el extraordinario desarrollo del gasto público en la Argentina. Entre los 60 países avanzados y emergentes cubiertos por el análisis del Fondo Monetario Internacional ninguno registra un desarrollo del gasto público tan descomunal como el observado en la Argentina. Se ha llegado a un punto en el que el Estado absorbe prácticamente la mitad del ingreso nacional, situación solo observada en un reducido conjunto de países de altísimo desarrollo como Finlandia (58%), Dinamarca (55%), Francia (53%), Bélgica (52%), Austria (51%), Suecia (50%) y Holanda (48%). 
 
La una gran diferencia es que en estos países el Estado brinda servicios de excelencia. Las escuelas públicas, el sistema de salud, el transporte público, la policía, la justicia trabajan con altos estándares de profesionalismo y calidad. De este modo, los ciudadanos pagan altos impuestos (singularmente, el impuesto a las ganancias) mas son retribuidos con buenos servicios estatales. En la Argentina, se pagan altos impuestos mas las familias deben apelar a escuelas privadas, medicina prepaga, vehículo propio y seguridad privada. 
 
En frente de la pobre calidad de servicios que brinda el Estado en Argentina la presión tributaria resulta exagerada. Los asalariados, poco a poco más perjudicados por el impuesto a las ganancias, forman la manifestación más perceptible mas no la más esencial de este fenómeno. Como la colecta récord de impuestos no alcanza para financiar el pasmante desarrollo del gasto público, se cae entonces en la emisión monetaria, la inflación, la inestabilidad cambiaria y el creciente endeudamiento. 
 
Involuntariamente, el juez Griesa hace una contribución esencial a la calidad de vida de los argentinos al complicar el acceso de la Nación y las provincias a nuevos créditos. Por esa vía, le pone límites a la voracidad del gasto público. El inconveniente central y más bastante difícil de solucionar ahora no son los “buitres” sino más bien convertir la organización del ámbito público para que los impuestos tengan por contrapartida servicios de calidad. Esto requiere más profesionalismo y menos demagogia para reconsiderar resoluciones equivocadas que se han tomado en los últimos tiempos, abordar las inmensas hipotecas que se han generado en el sistema previsional y actualizar los estilos de administración en el ámbito público incorporando reglas y medición de resultados a enseñantes, trabajadores de la salud, policías, jueces y empleados públicos generalmente. 
 Fuente: IDESA
 

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